Ha llamado la atención un artículo de Humberto De la Calle, el ex Jefe del equipo del Gobierno que negoció los Acuerdos de Paz, firmados con la antigua guerrilla de las FARC en La Habana, publicado por el diario El Espectador el domingo 9 de octubre, y que se tituló Señor Presidente.

Le dice De la Calle en su análisis a Iván Duque que: “Usted puede alegar que ha recibido un mandato para modificar el Acuerdo. Hasta ahora reconozco que, fuera de las voces lunáticas de su Partido, su lenguaje ha sido moderado. Al parecer se aleja usted de la idea de volver trizas lo negociado. Pero, a mi juicio, lo que corresponde es entrar a discutir sus modificaciones con la guerrilla ahora sin armas y convertida en partido Político. No es un privilegio de la antigua FARC, sino un deber frente a una nueva colectividad que ha firmado un pacto. Más allá de su valor jurídico, el Estado no puede simplemente darle la espalda. Discutir con la antigua guerrilla sus aspiraciones de modificación es un paso que todos los colombianos debemos aceptar y propiciar”.

De nuestra parte, habíamos entendido que después de largos y ponderados debates en la Corte Constitucional, que tuvieron lugar hace más de un año, ese alto tribunal consideró unánimemente que los tres Gobiernos que tengan a su cargo la dirección del país, entre el año 2018 y el 2030, tendrán que respetar la intangibilidad de lo convenido y que esos acuerdos para poner fin al conflicto armado deberán ser cumplidos como el desarrollo de una política de Estado.

No es, pues, apenas la política de un pasajero Gobierno. “La Corte determinó que la incorporación del Acuerdo al ordenamiento jurídico exige su implementación normativa por los órganos competentes y de conformidad con los procedimientos previstos en la Constitución”. Es eso lo que sintetizó el comunicado de prensa divulgado por esos días, el cual nos ha infundido siempre una buena dosis de tranquilidad y optimismo.

Lo que entonces se buscó como garantía para la creciente construcción de una paz estable y perdurable, es que sin importar la ideología del Presidente de turno o la del equipo de su Gobierno, el Estado colombiano debe respetar y dinamizar los acuerdos suscritos y fortalecer las instituciones que para la consolidación de la paz se derivaron de la suscripción de los instrumentos jurídicos que la pactaron. También en eso la comunidad internacional, garante convencida de nuestro proceso de paz, permanece por fortuna atenta y vigilante a todas horas.

Por ello no es estimulante el pensamiento ahora esbozado por el antiguo negociador De la Calle cuando le dice al señor Presidente en su comentada columna que “tenemos que reconocer que su triunfo electoral le daría solidez al deseo de examinar con la antigua guerrilla, no a espaldas de ella, las ideas de su Gobierno, así como también los reclamos, muchos de ellos legítimos, de los excombatientes que siguen manifestando su compromiso con la paz”.

No ha precisado bien Iván Duque ante el país cuáles son específicamente las modificaciones que él o algunos de sus parciales quieren introducirle a los acuerdos; pero sin duda preocupa que se abra la puerta para cambiarlos en su esencia o más aún para renegociarlos con el nuevo Gobierno, ahora por un Partido político que no fue tampoco el que los suscribió, el de la FARC, como lo sugiere De la Calle, simplemente con el argumento de reconocer la muy alta votación registrada a favor del actual Presidente en las últimas elecciones.

No parece ser ese el mejor camino para defender la solidez del proceso pactado. Y preocupa que se esté empujando ahora con fuerza esa puerta que creíamos jurídicamente tan bien ajustada por la sesuda determinación de la Corte Constitucional en su momento.

Que este Gobierno, o cualquiera de los otros dos que lo sucedan, quiera alterar la esencia de lo convenido, es algo que atenta claramente contra el blindaje jurídico  con el que quiso rodearlo en buena hora nuestra Corte Constitucional. Si ello ocurre, se le estará franqueando fatalmente la entrada a la malhadada idea de hacer trizas los acuerdos.

La comprensible angustia del antiguo negociador por salvar la integridad fundamental de lo pactado no autoriza a tomar atajos que encierran tan grande zozobra por los profundos abismos en los que puede precipitarse el desprevenido o ingenuo caminante. De la integridad del férreo caparazón constitucional depende en gran medida la estabilidad y el futuro  de una paz tan difícilmente alcanzada.

Por lo tanto, no deberían aventurarse opiniones demasiado condescendientes o en todo caso ocurrencias tan abiertamente desconcertantes como las que parecen estar inspirando ahora al respetable Doctor De la Calle. Millones de colombianos apoyamos  resueltamente con nuestros votos depositados en distintos momentos las diferentes facetas de ese proceso de paz.

No entendemos cabalmente esa suerte de invitación o de tácita aceptación de ahora para que se modifique lo que el mismo ex negociador considera aún como el mejor acuerdo posible. Y muchos de los que habitualmente observamos los temas relacionados con la paz no hemos desfallecido en nuestra convicción y en nuestro decidido respaldo a lo que entonces acordó un Gobierno y se convirtió a la postre en verdadera política de todo un Estado.

Menos aún hemos renunciado a nuestra fundada esperanza en una paz creciente y estable para las actuales y las futuras generaciones en armonía con lo dispuesto en el artículo 22 de la Carta Política, en el sentido de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. A desarrollar ese mandato debe dedicarse invariablemente cada ciudadano y cada Gobierno.