Fueron, en total, radicados 17 proyectos de ley y de acto legislativo que, se supone, servirían para garantizar una reinserción sin mayores complejidades. Pero las dilaciones propias que se derivan de la discusión sobre dichas iniciativas se mezcló con las trampas ineludibles del período preelectoral y apenas lograron salvarse menos de 10 de ellas. Y así se cumplió la máxima aquella que indica que la política es dinámica. Los antiguos amigos de los textos de La Habana se convirtieron en sus principales opositores y ahora son los responsables de haber puesto en jaque la anhelada paz “estable y duradera”.

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De entrada, admitiendo la derrota, el Gobierno le pidió al Congreso hundir la reforma política y éste procedió en consecuencia. Mientras tanto, el proyecto que crea 16 circunscripciones de paz en las zonas más golpeadas por la guerra —destinadas a las víctimas del conflicto— también atraviesa caminos pedregosos. Por otra parte, el Senado se apresta a votar hoy el texto de conciliación de la ley estatutaria que desarrolla normativamente la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que ayer fue aprobado sin “peros” en la Cámara de Representantes, pero sí con el sabor amargo para los principales actores sobre los que recaerá ese sistema de justicia transicional: los miembros de la naciente Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Principalmente porque, aseguran, no responde al espíritu de lo inicialmente pactado en Cuba. Pero, además, porque rechazan que haya quedado finalmente un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los magistrados de la JEP que se encargarán de impartir justicia a los responsables de la guerra de más de medio siglo. “Son inhabilidades sobrevinientes, lo cual es un tema que no es pacífico en la discusión, pero tiene que ver con el ejercicio profesional que pudiera parcializar el rol que se les ha encomendado a estos magistrados”, reconoció el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, de la bancada de Cambio Radical.

Una situación que, desde ya, promete llegar a tribunales internacionales para evitar que dichas inhabilidades terminen perjudicando la posesión de varios de los juristas electos para esos cargos. Los congresistas Ángela María Robledo, de la Alianza Verde, y Alirio Uribe e Iván Cepeda, del Polo Democrático, le pedirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le solicite al Estado colombiano adoptar medidas cautelares para que se proteja el derecho a la igualdad de los magistrados designados por el Comité de Escogencia.

“Estas supuestas inhabilidades, además de ser inconstitucionales porque la Corte ya se pronunció sobre ese régimen, se derivan del ejercicio legal de la profesión de abogado y tienen un efecto discriminador y estigmatizador sobre quienes ejercen la defensa de los derechos humanos”, señaló el representante Uribe. Y en parte tiene razón. Si bien aún no se conoce en su integridad el fallo de la Corte Constitucional sobre el acto legislativo que creó la JEP, sí dejó claro que sus magistrados estarán sometidos a las causales de impedimentos definidas ya por la ley procesal penal vigente.

“No se nos puede olvidar que hasta que la Corte Constitucional revise esta ley estatutaria no podrá entrar en vigencia, ni tampoco el Decreto 587 de 2017, que habilitó la escogencia de esos magistrados”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien, dicho sea de paso, carga sobre sus hombros la lluvia de críticas que, a partir de hoy, arreciarán más en su contra. Hay quienes creen que no tuvo el liderazgo suficiente para lograr convencer a los congresistas de votar los proyectos de la paz.

Los puntos claves de la JEP

Acogido el texto de la Cámara de Representantes en su mayoría, queda establecido, en primer lugar, que los excombatientes podrán participar en política a partir de las elecciones de 2018 y que ocuparán cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara baja. Lo anterior no significa que habrá impunidad para las víctimas, pues la posibilidad de poder aspirar a cargos públicos está sujeto al compromiso de comparecer ante el sistema de justicia transicional y cumplir con las penas restaurativas que los tribunales de la JEP les impongan. Penas que, en todo caso, no deberán ser incompatibles con el ejercicio propio de la política.

Los altos mandos militares y, en general, los miembros de la Fuerza Pública tendrán que comparecer ante la JEP en caso de ser requeridos, cosa que no ocurrirá con los terceros ni con los agentes del Estado con fuero constitucional, como presidentes o expresidentes de la República. Y, finalmente, se garantiza que no habrá beneficios a los miembros de las Farc que hayan cometido delitos sexuales en contra de menores de edad, a quienes se les aplicarán las penas que establece la justicia ordinaria.

El plan B

Hoy también se cumple el plazo para que el Gobierno saque su “as bajo la manga”. ¿Plan B? El Consejo de Estado está por revelar la decisión que adoptó sobre los tiempos del fast track, ante una consulta que le elevó el Ejecutivo. Si sale favorable, el Congreso podría seguir discutiendo los proyectos de la implementación de la paz, en caso de acoger la interpretación que tienen los juristas de la Casa de Nariño acerca de ese mecanismo. El objetivo es poder sumarle a este período de trámite expedito algunas semanas más, teniendo en cuenta el receso legislativo obligatorio de mitad de año. De ser así, habrá que ver hasta dónde están dispuestos senadores y representantes a continuar con la discusión de los proyectos que parecen estar viviendo más en el naufragio que en tierra firme. Con algo adicional: no son pocos los que consideran que con lo aprobado hasta hoy ya son varios los “sapos” que se han tenido que tragar en aras de la paz.

¿El Gobierno dejó solo a Roy Barreras?

La muerte anunciada de la reforma política ocurrió, de otro lado, en medio de un escenario confuso en la plenaria del Senado. Su ponente, el senador Roy Barreras, intentaba convencer a sus colegas de votar el texto, mientras el Gobierno, a través del ministro Rivera, pedía su archivo. ¿La razón? El Ejecutivo decidió retirarle el apoyo a la reforma para concentrar sus fuerzas en la votación de la conciliación del proyecto que crea las 16 circunscripciones especiales de paz.

“No nos sentimos satisfechos con cumplir con un requisito para hacer una especie de check list de un proyecto más en el marco de la implementación. Para el Gobierno, un proyecto que pervierta la política con el transfuguismo y que no garantice una autoridad electoral realmente independiente es absolutamente inaceptable”, enfatizó el mininterior. En efecto, el texto construido en el Congreso estaba lejos de cumplir con los compromisos de ampliación de la democracia que se pactaron en el Acuerdo de Paz y ni siquiera contenía los mínimos que había recomendado la Misión Especial Electoral (MEE).

Pero para Barreras, una reforma como la que se planteaba en un comienzo nunca había sido tan necesaria. “Firmamos la paz para garantizar una democracia más abierta e incluyente, no era opcional. Tener un nuevo sistema electoral se derivaba de los acuerdos y no puede seguir igual después de 52 años de guerra. Lo definido al inicio era una reforma estructural. El sistema es un pantano clientelar en el que queda atrapado la libertad de los colombianos y se estimula la compra y venta del voto. Lo que se hizo fue despojar la iniciativa de su esencia y llegó a nuestras manos muerta”, enfatizó el congresista de la U.

En su andanada de críticas responsabilizó del fracaso a los partidos Conservador y Cambio Radical, incluyendo a su líder natural, el candidato presidencial Germán Vargas Lleras, y cargó contra el ministro Guillermo Rivera: “Diez minutos antes de mi última intervención le pregunté si era inevitable levantar la reforma y me dijo que no, que tenía un as bajo la manga: el Consejo de Estado. Pero para mi sorpresa, después señaló que tenía diferencias y pidió el hundimiento. Dejar solo a quien defiende el Acuerdo de Paz no es grave, pero sí es un síntoma de improvisación que tiene consecuencias políticas”, refirió Barreras.

Ahora, lo que no estaba claro, así hubiese sido aprobada la reforma política en el Senado, era la forma en la que se iba a discutir la conciliación en la Cámara, pues su presidente, Rodrigo Lara, levantó la sesión y citó hasta el próximo martes, cuando ya no existe el fast track. “Siempre se trató de reglas electorales que favorecían los intereses particulares del entonces candidato liberal, Juan Fernando Cristo; del ministro Rivera, del Partido Verde, del Polo Democrático, de las Farc, de Sergio Fajardo y de todos aquellos que formarán esa coalición en segunda vuelta”, explicó Lara, sin duda, uno de los más férreos opositores de la reforma política y alfil de Vargas Lleras.

Circunscripciones, al borde del abismo

En lo que sí avanzó la Cámara fue en la aprobación de la conciliación del proyecto sobre las 16 circunscripciones especiales transitorias de paz, mientras en el Senado siguió estancado, dicen, por las presiones burocráticas de los conservadores. “Llevamos 48 horas de chantaje de la bancada conservadora con las 16 circunscripciones de paz. No más. Respeto por las víctimas, respeto por esta plenaria que entre más dilate,más le permite subir el precio del chantaje a estos politiqueros de quinta categoría”, reclamó la senadora Claudia López, de los verdes.

De hecho, dicha conciliación estaba de primera en la agenda del día, pero fue aplazada para esperar los resultados de una reunión en la que, precisamente, el Partido Conservador decidiría si apoyaba o no la iniciativa, después de que el martes pasado, y después de haber acompañado el proyecto en comisiones y plenaria, lo votaron negativamente.

Conozca cuáles serían las 16 circunscripciones especiales de paz

“Espero que en las horas que restan del fast track las curules para las víctimas sobrevivan y que los conservadores y Cambio Radical, que van a esas zonas a pedir votos, no tengan cara esta vez para hacerlo”, manifestó Barreras. Una de las discusiones centrales giró en torno a cómo llenar las curules en lugares donde sea complejo garantizar la jornada electoral: si con una lista de personas registradas como víctimas o a través de las asociaciones de víctimas. El senador José David Name, de la U, propuso incluir el requisito de que quienes quieran aspirar acrediten su inclusión en el Registro Único de Víctimas.

Otros cambios que se introdujeron para tratar de salvar la iniciativa fueron, por ejemplo, que deben aspirar dos víctimas por cada circunscripción y no una víctima y un gestor social, como estaba planteado inicialmente. También se eliminó a la Procuraduría como autoridad para certificar la calidad de víctimas, pues era dejar latente el riesgo de ese salvoconducto a los personeros municipales, y se anuló la posibilidad de que exmiembros de grupos armados ilegales puedan acceder a dichas curules, dejando claro que nadie que haya pertenecido a estas estructuras criminales y se haya acogido a procesos de desmovilización podrá aspirar si no ha cumplido 20 años desde la fecha en que se desarmó. Hoy, en el último día del fast track, el Senado tiene la última palabra, no sólo frente a lo de las circunscripciones, sino también sobre la JEP.