Las recientes manifestaciones de Guillermo Botero, actual Ministro de Defensa, en el sentido de que la protesta social es de alguna manera expresión de mafias que la instigan y financian, preocupa por varias razones.

No parece ser, o eso esperamos, la posición oficial de la administración a la que pertenece; se pensaría más bien que refleja la tremenda descoordinación interna que ha demostrado el nuevo Gobierno en estos primeros dos meses, que obliga al Presidente Duque a rectificar o matizar diversas manifestaciones públicas de Ministros o Embajadores deslenguados que no parecen haber sintonizado sus dichos e iniciativas con los de su Jefe.

La tarea del mandatario no puede seguir siendo la de un angustiado bombero sino la de un responsable Jefe de Estado, con mínimo espejo retrovisor y escrutadora mirada al presente y al porvenir.

Y el incendio que con frecuencia provoca el Ministro Botero es de los que pueden producir enormes estragos. Desconoce el avance constitucional en una larga y procelosa lucha que finalmente logró superar la Constitución de 1886 de Núñez y Caro para expedir la de 1991 que nos rige para fortuna ciudadana y conocimiento de todos, salvo de este señor que parece tener su visión nublada que lo lleva a emitir opiniones generalmente anacrónicas o guerreristas.

De ese corte fue, por ejemplo, la reciente afirmación de exigirle con irreverencia a unas respetables fuerzas armadas perentorios resultados en una combatividad que las conmina a rescatar en pleno posconflicto o posacuerdo, como el que la nación ha tratado de construir con tanto esfuerzo. Ellas deben sentir una peor congoja que la que nos abruma a muchos, porque esos nuevos llamados a la barbaridad que hace unos años escuchamos en el marco de la denominada seguridad democrática reviven en la memoria nacional el espeluznante episodio de los falsos positivos en que miles de jóvenes inocentes perdieron la vida para satisfacer la misma impositiva demanda que les hiciera el Gobierno de esa época.

Pero acontece que la protesta social pacífica no solo es un derecho fundamental, consagrado en el artículo 37 de nuestra Constitución,  de la mayor importancia para la vida democrática, sino que es un instrumento que traduce en la práctica la posibilidad de todo ciudadano en ejercicio de su libertad individual, de reunirse pública y pacíficamente para ejercer su  legítimo derecho a protestar. Que en una sana democracia no es apenas un derecho sino sobre todo un deber. Solo la ley, y de manera previa y expresa, podrá definir en qué casos se limita su ejercicio.

En el marco de 1886, en profundo contraste con el actual, solo se reconocía a los ciudadanos el derecho de reunirse pero daba a la autoridad, no a la ley, la facultad de disolver las reuniones que degeneraran en asonada o tumulto o que obstruyeran las vías públicas. Era desde luego dejar la puerta abierta a la total arbitrariedad para reprimir las protestas ciudadanas. Llegar a eso es lo que parece querer hoy el Ministro de Defensa al satanizar como lo ha hecho la protesta social.

Sabemos bien que los acuerdos de La Habana consolidaron la hazaña inconmensurable de dar por terminado el conflicto armado con la más grande y vieja guerrilla nacional. Hubo al sentarse en la mesa de negociaciones en Cuba el reconocimiento de ese conflicto armado interno, cuya existencia el Gobierno de Uribe se empeñó sistemáticamente en negar y sostener que solo había un puñado de terroristas que era necesario aniquilar, tal como lo intentó sin éxito durante ocho aciagos años. 

Aunque desde luego también tenemos muy claro que la mera terminación políticamente acordada del conflicto armado no puso fin, ni por asomo, al tremendo, inmenso y ancestral conflicto de la inequidad y la exclusión, cuyo esquema  seguramente provino del régimen colonial español fundado en los privilegios que los criollos al triunfar en la lucha emancipadora no lograron desmontar sino más bien asumir sin mayores alteraciones en su propio provecho. Y el  oprobioso esquema de la inequidad nos atormenta desde entonces y explica una gran porción de nuestros continuados conflictos armados durante los dos últimos siglos.

Los acuerdos de paz de La Habana quizás solo arañaron el meollo del primordial problema de combatir las causas de inequidad y posiblemente los esfuerzos de los acuerdos en esa dirección sean los puntos más temidos por quienes detentan los privilegios viejos y los nuevos, que son precisamente quienes con mayor vehemencia o soterrada decisión se empeñan hoy en combatirlos a toda costa. Comenzando por el medular tópico del descomunal problema rural  tan largamente irresuelto.

La protesta  es por tanto uno de los más importantes mecanismos de democracia directa. Pero solo a condición de que sea pacífica, como lo prescribe la Carta, puede ser realmente eficaz. Es necesario, para la salud democrática de Colombia, no solo respetarla sino estimularla. Desarrollar entre nosotros una verdadera cultura de la protesta pacífica de la que carecemos. Desde las aulas en los primeros años y luego durante la educación media y superior. Hay que educar con esmero a los  niños y jóvenes colombianos para que sepan que pueden y deben protestar pero para que invariablemente lo hagan siempre pacíficamente. En esa cultura debe haber completa claridad acerca de que cuando en una protesta se acude a la violencia, la eficacia de la protesta se desvanece o se pierde por completo y el resultado de los excesos vandálicos solo beneficia realmente a los grupos que son responsables de los motivos que originaron la protesta.

El señor Ministro de la Defensa parece haber tomado muy a pecho el tema de la defensa; pero de una defensa enteramente distinta a la de la cartera que se le ha encomendado, como si se sintiera siempre acosado o asediado por el pueblo mismo que de alguna manera lo llevó a la alta dignidad que hoy ostenta y que está concebida para fines muy diferentes a la eventual represión de ciudadanos que piensan y sienten diferentemente a como él lo hace, a quienes sus declaraciones parecen estar comenzando a identificar como objetivos de unas fuerzas armadas reservadas para muy altos y diversos destinos.

Pareciera estarse defendiendo de la expresión libre de un pueblo que quiere corregir las seculares disparidades de nuestra sociedad, de un pueblo que parece tener tan claro muchas veces la justicia de su causa.

No debe por tanto el Ministro confesar ese nerviosismo armado cuando estalla en cualquier punto de la República un brote de protesta popular. Y lo mejor que puede hacer un Gobierno limpio y bien intencionado es respetar esas expresiones democráticas, resolverlas adecuadamente y jamás reprimirlas, dificultarlas ni menos satanizarlas, vinculándolas perniciosamente a la presencia e instigación de mafias que estarían fomentándolas desde la sombra. En esas cavernas solo parece estar penetrando el flamante Ministro.

Los mismos intentos de entorpecer otras grandes  conquistas democráticas de beneficio general parecen estarlos contemplando otros miembros de la misma cofradía del pensamiento retardatario colombiano al buscar restricciones a la acción de tutela, so pretexto de racionalizar su uso. Ese derecho fundamental es una de las más efectivas conquistas de nuestra democracia y las fuerzas del progreso en el país deben estar siempre en guardia y pronunciarse cuandoquiera que se detectan aleves atentados periódicos para debilitarla, restringirla o desvirtuarla. Empezando por los grupos políticos de filosofía democrática que estuvieron organizados hasta hace algunos años en partidos políticos como el liberal, hoy en serio declive o en vía de liquidación.

Esa filosofía de progreso, que seguirá siempre viva, podría organizarse más bien junto con otros grupos de pensamiento afín en un partido social demócrata fuerte al estilo de los que existen en otros lugares del mundo, como Escandinavia, y cuyas orientaciones y ejecutorias acusan notables coincidencias con los propósitos democráticos, inclusivos y progresistas que el partido liberal tuvo a través de la historia del país, con tantas ejecutorias en favor de la libertad, de la genuina tolerancia, del respeto por los derechos de todos, bases fundamentales para una paz perdurable y estable como la que en Colombia no debemos cejar en continuar procurando sin desmayo. A ello está también convocado por la historia el nuevo Gobierno, con su joven Presidente a la cabeza.

Pero debe comenzar por atemperar indómitos  Ministros, como el de Defensa, quien parece haberle caído de alguna parte, más o menos irremediablemente en suerte, para la conformación de su primer gabinete.